FISCAL KARIM KHAN VENDRÁ A VENEZUELA EN LOS PROXIMOS DIAS

El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, informó este miércoles desde Colombia que visitará Venezuela tras finalizar su visita oficial al vecino pais.

Kahn se reunió en Bogotá con el presidente Gustavo Petro, varias autoridades y la Jurisdicción Especial de Paz de ese país para ampliar la cooperación entre el tribunal internacional y esa instancia.

El fiscal confirmó su segunda visita a Venezuela durante el foro "Hoja de ruta hacia la justicia en Colombia", donde expresó que "el trabajo de justicia transicional que se está realizando en el vecino país es de trascendencia mundial. No hemos llegado al final, hay cosas por mejorar, pero no están solos en este esfuerzo".

Hasta ahora, ninguna autoridad venezolana ha confirmado la visita del fiscal de la CPI al  país, con cuya oficina se firmó un memorando de entendimiento en noviembre de 2021, luego de anunciarse el inicio de la investigación sobre posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en territorio venezolano al menos desde 2017.

La Corte Penal Internacional (CPI) es un tribunal de última instancia para el enjuiciamiento de crímenes graves internacionales, como el genocidio, los crímenes de guerra y los delitos de lesa humanidad. Su tratado, el Estatuto de Roma, fue adoptado en julio de 1998. La corte empezó a funcionar en 2003 y sucedió a los tribunales ad hoc conformados en la década de 1990 para abordar crímenes atroces cometidos en la antigua Yugoslavia y en Ruanda. A 20 años de la adopción del Estatuto de Roma, la CPI ha logrado adelantos significativos para que el mundo reconozca la importancia de que haya justicia. Pero también ha atravesado retrocesos, y a medida que proliferan las crisis de derechos humanos asociadas con delitos internacionales, ha quedado demostrado que su mandato es mucho más necesario y arduo de lo que anticiparon sus fundadores. Para asegurar su eficacia, la corte y sus países miembros tendrán que probar que están en condiciones de enfrentar este desafío.   

En febrero de 2018, la Corte Penal Internacional (CPI) abrió una investigación preliminar sobre posibles crímenes de lesa humanidad cometidos por autoridades de Venezuela desde al menos abril de 2017. Un examen preliminar había sido abierto en 2006, pero fue cerrado después de concluir que los requisitos para abrir una investigación no se habían cumplido.

En mayo de 2018, un Panel de Expertos Independientes nombrado por la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) concluyó existían fundamentos suficientes para sostener que en Venezuela se habían cometido crímenes de lesa humanidad desde al menos el 12 de febrero de 2014, y recomendó que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, remitiera el informe y la evidencia recolectada a La Haya y que invitara a los Estados Miembros del Estatuto de Roma para que remitieran la situación de Venezuela a la Oficina de la Fiscalía y que solicitaran la apertura de una investigación. El 27 de septiembre, seis Estados Miembros del Estatuto de Roma: Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú, refirieron la situación en Venezuela a la CPI, solicitando la apertura de una investigación.

Michelle Bachelet como alta Comisionada visitó a Venezuela en 2019 declarando que “hay casos de torturas” y “ejecuciones extrajudiciales” en Venezuela.

En septiembre de 2020, la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela de las Naciones Unidas concluyó que las violaciones a los derechos humanos en el país consistían crímenes de lesa humanidad. El informe de 443 folios, califica los delitos cometidos como de lesa humanidad y señala como responsables directos al presidente, Nicolás Maduro, a Diosdado Cabello, a los ministros de Interior Néstor Reverol, y Defensa, Vladimir Padrino López.

El 14 de diciembre de 2020, la Oficina de la Fiscalía publicó un informe, en las actividades anuales de la Oficina, declarando que había «fundamento razonable» para creer que desde al menos «abril de 2017 autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas e individuos a favor del gobierno han cometido crímenes de lesa humanidad» y que esperaba decidir en 2021 si abrir una investigación o no. En noviembre de 2021 la Corte Penal resolvió abrir una investigación formal.